El pasado 7 de julio visitó Extremadura la ministra de Trabajo y se reunió con el presidente de la Junta y “los agentes sociales”.
En sus declaraciones públicas llamó al desbloqueo de las negociaciones para firmar cuanto antes un nuevo convenio del campo que va para tres años de retraso.
Estas declaraciones son tan de agradecer como de poca utilidad si no van acompañadas de presión real sobre las partes firmantes. Presión a los sindicatos para que movilicen a toda su afiliación llamando al paro en los tajos y centrales hortofrutícolas llegando a la huelga general en el campo extremeño tan necesaria como urgente. Desde el sindicato 25 de marzo trabajaremos para ello y para que en la mesa de negociación haya jornaleros y jornaleras elegidas en los diferentes tajos.
Presión a las organizaciones agrarias para que firmen una mejora de las condiciones laborales en el campo de una vez por todas aceptando el salario mínimo establecido por ley. Son muchas las cosas a mejorar como proponemos en este artículo:
Ya en el mes de enero, el presidente de la Junta, pidió “un esfuerzo” para firmar el convenio del campo. Ni estas declaraciones de hace seis meses ni las de la ministra servirán para nada si no se imponen sanciones económicas a las organizaciones agrarias y se les prohíbe continuar con su actividad hasta que se llegue a un acuerdo que respete la legislación vigente, el Estatuto de los Trabajadores y los derechos humanos.
La patronal extremeña, con APAG Extremadura-ASAJA a la cabeza, no tardó ni un minuto en responder a las palabras de la ministra dejándola a la altura del betún. Toda una declaración de intenciones. De las buenas palabras no comen las familias jornaleras mientras los dueños de la tierra sigan con sus prácticas caciquiles, ilegales e inhumanas.
Durante la actividad que hemos realizado en diversas fincas y empresas hemos corroborado que la norma en el campo es que no se pague el salario mínimo, que no te dejen descansar para comer el bocadillo, que te den dos peonadas al mes yendo a trabajar hasta los domingos que además te los pagan como un día normal saltándose el convenio actualmente en vigor, que tengan a personas migrantes trabajando sin contrato y así un largo etcétera.
La situación está clara y las cosas más que denunciadas y registradas en Inspección de Trabajo. Por no ir más lejos, el gigante Tany Nature cambia a centenares de trabajadores y trabajadoras de fincas y empresas para no reconocerles como fijos-discontinuos entre otras tropelías.
Da la casualidad que para quienes conocemos el paño resulta que el presidente de Tany Nature, responsable de estas maniobras, ha sido hasta hace unas semanas presidente de AFRUEX, la asociación de empresarios de la fruta que acaba de entrar en la mesa de negociación del convenio del campo tras reclamarlo en los tribunales. Cuestión que anuló el último convenio firmado y que está retrasando aún más un nuevo acuerdo. La participación de AFRUEX en la mesa negociadora ha sido intentar empobrecer aún más las condiciones laborales en el campo.
¿Cómo los responsables de decenas de irregularidades laborales van a ser los responsables de firmar un convenio que mejore el trabajo en el campo?
Es el zorro cuidando las gallinas.
Antonio de la Torre en su reciente artículo “La ministra y los agricultores” lo dice bien claro: “¿A qué se refería entonces la ministra? Pues a algo que conocen perfectamente los inspectores de Trabajo, que se supone habrán informado a la ministra, y que se resume en una escena más habitual de lo que parece en nuestros campos. Imagínense una importante extensión de cultivo. Los trabajadores recogen la cosecha, pero de pronto ven aparecer un coche desconocido a lo lejos. Alguien autorizado da la voz de alarma e inmediatamente se produce una desbandada sorprendente: decenas de recolectores dejan sus aperos, salen corriendo como alma que lleva el diablo y desaparecen por los caminos y tras las arboledas para que no los pillen porque son ilegales sin contrato, sin seguridad social y cobrando en negro, o sea, en precario y sin condiciones dignas. No se puede generalizar, claro que no, pero el problema existe y los inspectores cuentan que cuando llegan a una fábrica, al ser un recinto cerrado, pillas las ilegalidades, pero en el campo, en cuanto ven un coche extraño, los ilegales huyen y no hay manera. A eso se refería la ministra.”
Lo dicho.
Sanciones económicas a la patronal y la imposibilidad de desarrollar su actividad si no firman ni cumplen un convenio que respete la legalidad vigente y los derechos humanos.
Movilización, paro y huelga general en el campo extremeño.
No hay más tutía.
De buenas intenciones no comen las familias jornaleras.
Sindicato 25 de marzo 